|
Alerta transportadora por proyecto
que impulsa reposición del parque automotor
La Federación Colombiana de
Transportadores de Carga por Carretera COLFECAR,
reiteró su preocupación frente a la intención de
revivir en el Congreso de la República el proyecto
de Ley por medio del cual se establece el sistema de
ahorro obligatorio para la reposición de los equipos
de servicio público de transporte terrestre
automotor de carga.
La iniciativa, que se hundió en la
anterior legislatura, como consecuencia de los
reparos hechos por varios sectores, entre ellos
COLFECAR, sería presentada de nuevo por el ejecutivo
en las sesiones que comienzan el 20 de julio.
En carta enviada a los senadores,
Carlos Ferro Solanilla e Iván Moreno Rojas, ponentes
coordinadores de la iniciativa en la Comisión Sexta,
COLFECAR indica que tras analizar el pliego de
modificaciones introducido al proyecto de Ley No.
247-08 de la Cámara y 248 -08 del Senado, presentado
por el Ministerio de Transporte, se mantienen varios
puntos que van en contra de los intereses del gremio
transportador tal y como lo ha señalado COLFECAR en
diferentes oportunidades.
Por tal razón el gremio le pidió a
los congresistas generar espacios de concertación e
intercambio de conceptos, mediante audiencias
públicas, para enriquecer el debate que conduzca no
sólo a la formulación de la Ley sino que responda a
las reales necesidades del sector, en beneficio del
la competitividad del país.
Las observaciones de COLFECAR se
relacionan con los artículos que hacen referencia a
la obligatoriedad de los aportes, obligación de las
empresas de transporte y régimen especial de
transición.
Los transportadores indican que en
caso de que el proyecto avanzara hasta convertirse
en Ley de la República debería ser de libre
aplicación y no obligatorio como se pretende.
Costos operativos
A juicio de los transportadores el
artículo 12, que hace referencia a la obligatoriedad
de los aportes, tendrá severos impactos en la
liquidez del sector, en el precio de los vehículos y
en los costos operativos vehiculares.
Al hacer sus reparos en torno a la
propuesta el gremio señala que es improbable que la
población camionera del país esté en condiciones de
sobrellevar la carga obligatoria de los aportes,
debido al impacto que ello ocasiona en la economía
de los propietarios de los vehículos y de las
empresas de transporte de carga.
Y es que según los datos disponibles
el 8 por ciento de la población camionera
corresponde al estrato 1, el 39.7 por ciento al
estrato 2 y el 44.7 por ciento al estrato 3.
A su vez, los ingresos del 50,9 por
ciento de la población camionera oscilan entre
1.300.000 pesos y 3.100.000 pesos mensuales, el
11,2 por ciento tiene ingresos entre los 3.400.000
pesos y los 4.000.000 pesos mensuales. Un 27 por
ciento tiene ingresos inferiores a 1.300.000 pesos
mensuales.
Para COLFECAR estas cifras
demuestran las limitaciones económicas de los
transportadores como para poder correr con un ahorro
obligatorio.
Al oponerse a la norma los
transportadores sostienen que buena parte de sus
ingresos la dedican al mantenimiento del vehículo,
que mensualmente les generan gastos cercanos a los
23 millones de pesos.
En segundo están los gastos del
hogar, entre los que se incluyen servicios públicos,
alimentación, educación, vestuario, deudas,
telecomunicaciones y seguro de salud.
Entre las prioridades de gastos de
los camioneros no aparecen con prioridad otros
rubros de la seguridad social como, pensiones y
riesgos profesionales. De hecho, está demostrado que
sólo cerca del 39 por ciento de los camioneros están
afiliados al sistema de seguridad social integral.
Incumplimiento legal
En concordancia con lo anterior,
para COLFECAR enfrentar toda la población camionera
a la obligatoriedad del aporte simplemente
equivaldría a generar nuevas oportunidades de
incumplimiento frente a la Ley, tal como hoy ocurre
con muchas normas vigentes.
Los transportadores sostienen que en
caso de que el proyecto llegara a prosperar su
situación económica se complicaría
significativamente.
Por
ejemplo, para el propietario de un vehículo, el
ahorro obligatorio, suponiendo una meta del 30 por
ciento del valor del equipo para el modelo 1986
(promedio de vehículos de carga en el mercado),
representaría una cuota mensual aproximada de
1.443.702 pesos, es decir un 6.43 por ciento
adicional al actual costo operativo mensual tal y
como se muestra en el cuadro 2.
“No debe olvidarse que nuestras
empresas son financiadoras de la operación al
cliente y recaudan cartera, generalmente a 30 días
posteriores a la entrega del servicio a
satisfacción, lo que ocasiona que cerca del 60 por
ciento del activo sea capital de trabajo en cuyas
condiciones, el congelamiento de los recursos del
ahorro representaría un golpe contundente a las
condiciones de liquidez” asevera el gremio.
La situación de las empresas frente
al artículo propuesto se explica en el cuadro 3 para
una pequeña empresa con 10 vehículos, una mediana
con 50 vehículos y una grande con 100 vehículos.
Impacto en precios
Otro de los reparos que hacen los
transportadores frente al proyecto es que la
composición del ahorro obligatorio significaría una
distorsión de los precios en el mercado real de
los usados, ya que el vehículo usado tendría mayor
precio por el lastre financiero que acarrea la
congelación de recursos.
Según el análisis de COLFECAR en el
primer año la diferencia sería de 3 millones de
pesos entre el precio del vehículo con ahorro y el
precio del vehículo sin ahorro, pero para el año 20,
la diferencia entre un precio y otro sería de 61.8
millones de pesos.
“Lo anterior explica que a mayor
tiempo de ahorro el precio del tracto camión usado
aumentaría por los recursos congelados. Esto
significa que la diferencia de precios empezaría con
un 1.5 por ciento en el primer año y en el año 20 el
porcentaje adicional sería de 210 por ciento, lo que
demuestra la inconveniencia de la propuesta” dice
COLFECAR.
Un estudio del gremio transportador
permitió establecer que la situación sería más grave
si el plazo se llegara a alargar a 25 o más años.
Así las cosas, COLFECAR considera
que si se tienen en cuenta las condiciones
económicas de los pequeños propietarios, en caso de
que quisieran reponer el camión bajo la vigencia de
la norma propuesta, deberían acceder a vehículos “de
segunda” o usados con precios más altos.
“Esto genera mayor impacto sobre la
masa camionera que debe pagar al contado lo que el
anterior propietario hizo al crédito y cargar con un
lastre financiero como consecuencia de la medida”
sostiene el gremio transportador.
Impacto nocivo
En su análisis COLFECAR sostiene que
las condiciones generadas por la obligatoriedad del
ahorro afectaría negativamente el costo de operación
del transportador, puesto que adquiriría un
compromiso fijo adicional que debe ser solventado
con los recursos que se perciban directamente en
desarrollo de la actividad.
Así las cosas, los transportadores
sostienen que el ahorro obligatorio mensual que
debería realizar un vehículo representativo tipo
tracto-camión (C3S) modelo 1.986, el cual tendría
que ser retirado en 2012, bajo una VUR (Vida Util
Reglamentaria), es decir 20 años, sería de 1.443.702
pesos durante 4 años (tiempo de ahorro disponible de
acuerdo a la VUR).
Con un costo de operación promedio
mensual de 22.46 millones de pesos para un
tracto-camión, se puede calcular que con un ahorro
obligatorio mensual de 1.443.702 pesos la misma
estructura de costos sufriría un incremento de 6.43
por ciento.
En consecuencia e incremento que
generaría el ahorro obligatorio sobre los costos se
trasladaría en el costo total de operación por
tonelada-ruta (para un vehículo tipo tracto-camión
con capacidad de 30 toneladas) para el
transportador, siendo dicho aumento de 7.923 pesos
por tonelada en promedio para las distintas rutas,
lo que significa un alza porcentual de 10.23 por
ciento.
Para
los transportadores esta situación generaría un
impacto nocivo sobre los costos y los fletes del
sector ya que llevaría a un ajuste de las tarifas
del servicio.
En el cuadro 8, se ilustran tres
rutas de importancia para el sector, que indica el
desfase entre costos y tarifas, y que adicionalmente
muestra el efecto del ahorro sobre el costo de
operación y la evidente diferencia entre el flete y
el nuevo costo operativo.
Frente a lo anterior COLFECAR señala
que el efecto sería aún más fuerte si el sistema de
ahorro persiguiera cubrir más del 30 por ciento del
valor del vehículo.
Obligación y transición
Otro aspecto con el cual no está de
acuerdo COLFECAR es la intención de asignar
responsabilidades a las empresas de transporte de
verificar la afiliación de los vehículos al sistema
y garantizar que ellos se encuentren a paz y salvo
con los fondos.
Para el gremio dicha actividad es
ajena a las funciones propias que por ley
corresponde a las empresas de transporte y, más
propia de los organismos de control del Estado.
En consecuencia, el gremio considera
que las sanciones dispuestas, consistentes en la
suspensión de la habilitación hasta por 3 meses son
exorbitantes como quiera que el sancionado debería
ser el propietario de vehículos obligado por ley a
aportar y no la empresa de transporte a menos que
ocurra con sus vehículos propios.
De igual manera, el gremio
transportador no ve con buenos ojos el régimen de
transición planteado en cada uno de los escenarios
de Vida Útil Reglamentaria (VUR).
Según
el proyecto si la medida entrara en vigencia en 2009
había un régimen de transición para que en 2015
todos los vehículos de servicio público de
transporte terrestre de carga que hayan agotado su
VUR sean retirados, cancelen su licencia de tránsito
y sean sometidos al proceso de desintegración
física.
Frente a esta situación COLFECAR
plantea tres escenarios posibles.
En el escenario 1 (VUR de 20 años)
se observa que para 2010 habrá salido el 43 por
ciento del parque automotor existente, que
representa 49.113 vehículos de los 114.248, y para
2014, cuando termina el régimen de transición, se
habrá retirado un porcentaje acumulado del 66 por
ciento del parque existente, representado en 75.615
vehículos de los 114.248.
En el
escenario 2 (VUR de 25 años) el 29 por ciento del
parque de servicio público existente, es decir
33.187 vehículos, tendrá que ser retirado en 2010, y
en 2014 al terminar el período de transición se
habrá retirado un porcentaje acumulado del 53 por
ciento o sea, 60.208 camiones.
Por último, en el escenario 3 (VUR
de 30 años) sería retirado el 22 por ciento del
parque automotor existente, que significa 25.038
vehículos y al finalizar el régimen de transición se
habrá retirado un porcentaje acumulado del 48 por
ciento, es decir 54.410 automotores.
“Lo anterior evidencia la real
afectación del sector, ya que en cualquiera de los
escenarios al menos la tercera parte del parque será
retirado en el primer año y la mitad ya saldría al
finalizar el régimen de transición” afirma COLFECAR.
Sostiene que de esta manera, cada
vehículo de las distintas configuraciones (C2, C3,
C2S, C3S), tendría una carga financiera mayor en la
medida que posee menor tiempo de ahorro.
Bajo
los supuestos establecidos con un crecimiento en el
precio de los vehículos a razón de la inflación y
que el ahorro debe cubrir el 30 por ciento del
precio del vehículo nuevo, es posible observar que
el ahorro (bajo una rentabilidad mínima igual a la
DTF), para los camiones de mayor edad llevará a un
pago más alto frente a los camiones que saldrán
posteriormente.
Por ejemplo, el propietario de un
vehículo C3S o tractocamión que debe reponer en 2010
(de acuerdo a la VUR que se establezca), tendría 2
años de plazo para el ahorro obligatorio que sería
una cifra estimada de 34.693.889 pesos, lo que se
traduce mensualmente en 2.891.957 pesos.
En el caso del propietario que debe
reponer en 2014 un tractocamión, el plazo de ahorro
es de 6 años, es decir que debería ahorrar
11.500.648 pesos por cada año, o sea mensualmente
958.387 pesos para reponer su vehículo por uno nuevo
de la misma configuración.
COLFECAR indica que si por el contrario el dueño de
un camión tuviera 20 años disponibles para su
ahorro, tendría que ahorrar por año un estimado de
3.093.839 pesos que se traduce en un ahorro mensual
durante dicho tiempo de 257.820 pesos.
|
Se agravan condiciones para matrícula de vehículos
El Ministerio del Transporte decidió
endurecer las condiciones para la matrícula de vehículos nuevos de carga
por carretera.
En
efecto, a través del Decreto 2450 del 4 de julio del presente año la
cartera de Transporte decidió modificar los artículos 1, 6, 7 y 8 del
Decreto 2085, expedido el 11 de junio de 2008, a través del cual se
reglamentaba el ingreso de vehículos al servicio particular y público de
transporte terrestre automotor de carga y se establecían los montos de
las cauciones que deberán cancelar para tal fin.
Así las cosas, a través del nuevo Decreto
se adoptan las medidas para el ingreso de vehículos con capacidad
superior a 3 toneladas, mediante los mecanismos de reposición por
desintegración física total o caución.
La medida
determina que el registro inicial de vehículos de transporte de carga
por carretera se otorgará cuando el solicitante constituya una caución
consistente en garantía bancaria o póliza de seguros a favor del
Ministerio de Transporte.
Con esta decisión se busca garantizar el
cumplimiento del proceso de desintegración del vehículo viejo, el cual
deberá cumplirse en un término no superior a 3 meses.
Dicha caución deberá presentarse ante el
Ministerio de Transporte, quien expedirá una certificación con destino a
los organismos de tránsito, en la que conste su aprobación, para dar
lugar al registro de los nuevos vehículos.
Nuevos montos
De igual
forma, el Gobierno decidió modificar los montos de la caución
establecida con el anterior Decreto.
De esta
manera el monto a cancelar para vehículos articulados tracto-camión será
de 70 millones de pesos.
En el
caso de vehículos rígidos doble troque de tres o cuatro ejes y minimulas,
la caución será de 50 millones de pesos y para vehículos rígidos de dos
ejes con capacidad de carga superior a seis toneladas el monto es de 35
millones de pesos.
Para
vehículos rígidos de dos ejes con capacidad de carga superior a cuatro y
hasta seis toneladas la caución se fijó en 15 millones de pesos mientras
que para automotores rígidos de dos ejes con capacidad de carga superior
a 3 ejes y hasta 4 toneladas el monto es de 10 millones de pesos.
En el
anterior Decreto se había fijado en 60 millones de pesos el monto de las
cauciones para un tractocamión, en 40 millones de pesos para un vehículo
tipo dobletroque y en 20 millones de pesos para un camión sencillo.
Reajuste anual
El
Gobierno también determinó que el monto de la caución será reajustado
anualmente a partir del 1 de julio de 2009 en un porcentaje igual al
determinado para el Indice de Precios al Consumidor IPC.
La medida contempla que vencido el término
de la caución sin que se haya realizado el proceso de desintegración, el
Ministerio de Transporte, declarará la ocurrencia del siniestro y hará
exigible la caución. En este evento se exonerará al adquiriente de la
obligación desintegrar.
Señala el
Gobierno que si dentro del término de 3 meses el adquiriente efectúa la
desintegración del vehículo, conforme a las equivalencias establecidas
en los montos ya mencionados, la caución será devuelta al otorgante
dentro de los 15 días siguientes a partir del día en que dicho acto se
acredite ante el Ministerio de Transporte, mediante el certificado
expedido por una entidad desintegradora debidamente autorizada y la
cancelación de la licencia de tránsito.
Finalmente, el ejecutivo determinó que los recursos recibidos por
concepto de las cauciones que sean exigibles se destinarán a la
adquisición de vehículos de transporte de carga por carretera, para ser
desintegrados totalmente, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto y las demás normas que regulan la materia.
Política integral
Ante la
nueva decisión los transportadores le solicitaron al titular de esta
cartera, Andrés Uriel Gallego, aclarar la política de chatarrización
para determinar si en el país hay sobreoferta de vehículos o si
solamente se quiere cambiar automotores viejos por nuevos.
Al
respecto COLFECAR le pidió al Ministro los estudios técnicos que
respaldan la adopción de dicha medida y dijo que la misma en lugar de
solucionar el problema lo que hace es complicarlo.
A juicio
de los transportadores la falta de claridad en torno al tema deja sin
peso los cuatro decretos que han sido adoptados hasta la fecha (decreto
10500/03, 3525/05, 2868/06 y 2085/08), para desarrollar una verdadera
política de reposición del parque ni a su disminución ya que su único
objetivo es de carácter impositivo.
COLFECAR
sostiene que dichas medidas lo que buscan es obligar a los
transportadores a un imposible (chatarrizar un vehículo como condición
para la matrícula de otro) o pagar un impuesto en defecto de la
chatarrización.
Para los
directivos de COLFECAR no es sano estar cambiando permanentemente las
reglas para la matrícula de vehículos por lo que pidió la adopción de
una medida integral que le de tranquilidad a transportadores y
empresarios.
La
adopción de una política integral ha sido planteada en reiteradas
oportunidades por COLFECAR, que desde hace varios años viene hablando de
la necesidad de impulsar un documento CONPES para el sector, con el fin
de evitar generar incertidumbre en casos como el de la chatarrización.
En ese sentido COLFECAR considera que el
Estado debería utilizar los cerca de 220 mil millones de pesos, que ha
recaudado por efectos del pago de dichas pólizas de cumplimiento, para
impulsar la disminución del parque autormor.
Indica el gremio que estos dineros se podrían fortalecer con los
recursos que obtienen el ejecutivo del superavit del desmonte del
subsidio a los combustibles.
Transporte de carga por carretera se resintió en primer semestre de
2008
El primer semestre de
2008 representó para el transporte de carga por carretera un leve
descenso en su comportamiento.
En efecto, respecto a la
movilización de carga se presentó una disminución de 1.71% en el período
Enero-Junio de 2008 al ser comparado con el mismo período de 2007, lo
que significó pasar de 62.63 millones de toneladas a 61.56 millones de
toneladas.
La dinámica exhibida
representó una facturación en el período enero-junio de 2008 de $3.76
billones. Dicha facturación se tradujo en una variación de -5.52% frente
a la facturación de igual período de 2007, $3.98 billones.
El comportamiento
exhibido por la facturación encuentra fundamento en el deterioro de los
fletes y a la reducción en el tonelaje movilizado, que de acuerdo a los
empresarios, se debe a las prácticas predatorias del flete, a la
informalidad en la prestación del servicio y a la introducción de formas
de intermediación aunadas a la utilización irregular de vehículos
mediante la figura del “renting”.
Al comparar los
resultados de la primera mitad de 2008 con los obtenidos en la segunda
mitad de 2007 (julio-diciembre) se observa que en materia de
movilización se presentó un decrecimiento de 10.29%, ya que se pasó de
68.62 millones de toneladas del período Julio-Diciembre de 2007 a 61.56
millones de toneladas del período Enero-Junio de 2008.
Respecto a la
facturación, al comparar la segunda mitad de 2007 con la primera de 2008
se obtiene una disminución de 14.01%, al pasar de $4.37 billones de
Julio-Diciembre de 2007 a $3.76 billones de Enero-junio de 2008.
La dinámica expuesta
encuentra soporte en el fenómeno de estacionalidad, que se alimenta por
los mayores volúmenes de carga manejados en la segunda mitad del año.
Es claro que para la
primera mitad de 2008 se sigue evidenciando un deterioro en los fletes,
además los empresarios señalan problemas de liquidez por los pagos de
sus clientes, afectando así su operación. Sin embargo, las expectativas
se centran en mejores condiciones para la segunda parte del año tanto en
movilización como en términos de facturación.
Costos operativos
Los primeros seis meses
de 2008 significaron para la canasta de costos operativos un incremento
de 5.42%, situación preocupante para el sector por los efectos que
genera el alza de los costos de operación sobre su rentabilidad.
Es claro que la mayor
incidencia sobre el crecimiento de los costos de operación está dada por
el comportamiento del precio del ACPM, el IPT (Índice de Precios al
Transportador) se ha visto afectado por el crecimiento acumulado de
8.62% a Junio de 2008 del precio del ACPM y que consecuentemente ha
derivado en una participación de 32.05% del rubro de “combustibles”
sobre la estructura de costos.
La dinámica del sector
en el primer semestre en la movilización, que presentó un decrecimiento
de 1.71%, frente al incremento del IPT, de 5.42%, permite pensar que de
haberse reconocido el alza de los costos operativos en el precio del
servicio la variación mínima de la facturación del sector debería
haberse ubicado en 3.6%.
Sin embargo, la
variación efectiva de la facturación fue -5.52%, que es menor que la
tasa esperada en 9.1%, evidenciando de esta forma cómo los costos crecen
en detrimento de la rentabilidad y la situación se hace más crítica ante
la disminución efectiva del flete.
Por otro lado, si se
compara el comportamiento de los costos operativos (IPT – Índice de
Precios al Transportador) con el IPP (Índice de Precios al Productor),
se observa un porcentaje mayor de 5.42% del IPT frente al 5.26% del IPP
para el período Enero-Junio.
Cabe destacar que
además del rubro de combustibles, existen otros rubros que afectaron el
comportamiento de los costos, como el renglón de mantenimiento y
reparación que presentó un incremento de 1.92% y dentro de la estructura
tuvo un peso de 12.41% o el renglón de salarios, prestaciones y
comisiones que se incrementó en 6.41% y tuvo una participación de
10.69%.
El ACPM frente a
los costos del sector
Las constantes alzas del
precio del ACPM han impactado de forma notable la evolución del IPT, ya
que el rubro de combustibles para el mes de Junio presentó un peso de
32.05% en la estructura de costos y es claro que éste protagonismo ha
sido alimentado por el alza acumulada en el precio de 8.62% ($474.30)
durante los primeros seis meses de 2008.
Es importante señalar
que para 2007, el ACPM presentaba un incremento acumulado de 6.80% en el
precio de referencia, mientras que para 2008, el incremento acumulado a
Junio fue el ya mencionado de 8.62%.
Además, al observar la
relación de precios ACPM/Gasolina se puede afirmar el fuerte impacto
sobre el precio del ACPM, ya que dicha relación se ubicó en Junio en
0.840, siendo el precio del ACPM de $5.974.21 y el de la Gasolina de
$7.111.45.
En Junio de 2007, la
relación de precios se ubicaba en 0.824 (ACPM = $5.207.25 y Gasolina =
$6.316.58), mucho más baja que la registrada en Junio del presente año,
y la tendencia de la relación se ha hecho más pronunciada por las
fuertes alzas del ACPM, ya que mientras el ACPM se incrementó a Junio de
2008 en 8.62% la gasolina tan sólo lo hizo en 7.18%.
Propuestas ante
las alzas del ACPM
Ante los sucesivos y
fuertes incrementos, COLFECAR planteó algunas propuestas para mitigar de
alguna manera los efectos sobre el precio del ACPM y consecuentemente
sobre los costos de operación. Destacando el peso de la carga impositiva
sobre el precio de referencia del ACPM de 22.5% para el caso del ACPM,
equivalente a 1.345,35 por galón, se plantean una serie de
modificaciones en aras de reducir los impactos de la política de
desmonte gradual de subsidios.
La sugerencia de
COLFECAR se dirigió a modificar los siguientes cálculos:
1. Impuesto a las
ventas: Por un lado se propuso disminuir el IVA a 10% que se calcula
sobre el Ingreso al Productor (actualmente de 16%). Dicha disminución
equivale a una baja de $205,90 en el precio del galón, lo que a su vez
reduciría la participación del IVA actual, del 9.6% en el precio de
referencia a 6.4%, lo que significa disminuir su peso impositivo al
19.8%, cuando actualmente es del 22.5%.
Se consideró también
congelar el incremento periódico de la base en el gravamen del IVA, ya
que éste evoluciona a medida que se incrementa el ingreso al productor
mes a mes.
En su lugar el cálculo
debería efectuarse de manera similar al impuesto global a los
combustibles anualmente, según la meta de inflación definida por el
Banco de la República. Ésta propuesta se traduce en disminución del
$92.85 en el precio del galón al finalizar el año, de acuerdo a las
proyecciones realizadas por COLFECAR.
2. Impuesto Global al
combustible: El impuesto global a los combustibles establecido mediante
Ley 681 de 2001 tiene como destino el Tesoro Nacional para
transferencias a las entidades territoriales, representa $467,37 por
galón, con una participación del 7.8% en el precio de referencia.
COLFECAR consideró que éste impuesto debía eliminarse, toda vez que
existe un paralelismo entre el mismo y las sobretasa a los combustibles
para el caso del ACPM, ésta última del 6%.
3. Sobretasa al ACPM: La
actual sobretasa equivalente al 6% del galón viene siendo calculada
sobre el precio de referencia antes de la formación de precio de venta
al público y hoy representa $301,48 del valor del galón.
La solicitud se dirigió
a calcular dicha sobretasa, sobre el ingreso al productor, lo cual
implicaría una disminución de $79,21, equivalente al 1,20% del precio
final del producto. Así mismo, se consideró conveniente congelar la
sobretasa en lo que resta del año y hacia el futuro, incrementarla una
sola vez al año con base en la meta de inflación definida por el Banco
de la República, lo que implicaría a su vez una reducción de $17,76 de
acuerdo a las proyecciones realizadas por COLFECAR.
El efecto de ésta
decisión reduciría entonces el precio del galón en $96.88, equivalente a
1.48% del precio del producto.
Además, se propuso
congelar el precio, como sucedió el año anterior apelando al Fondo de
Estabilización para los Combustibles, el cual dispone de recursos
cercanos a los US$170 millones.
De esta forma, se
plantearon algunas propuestas en aras de generar escenarios que puedan
favorecer al sector transportador de carga por carretera y a la misma
economía nacional.
Sin embargo, cabe
señalar que para el mes de julio el Ministerio de Minas decidió ayudar
al servicio público de transporte y utilizar de mejor manera los
denominados “subsidios a los combustibles”, de forma que luego de
haberse dado un incremento de $100 en el precio del ACPM para el mes de
Junio, destacando que se esperaban alzas de éste calibre para los meses
siguientes, el ACPM sufrió un incremento de $80 en Julio frente a un
alza de $125 para la Gasolina en el mismo mes.
El incremento de $80 en
el precio significó sumar un incremento acumulado de 10.08% en el
precio, equivalente a $554.30.
Es claro que la decisión
ha favorecido con un menor impacto el incremento del precio y revierte
de cierta forma la tendencia creciente que trae la relación de precios
ACPM/Gasolina, que ya se ubicaba en Junio de 2008 en 0.840 y con el alza
efectiva de Julio la misma relación se ubica en 0.837.
Seguridad
En materia de seguridad
se observan notables mejoras, de acuerdo a las estadísticas disponibles
de la Policía Nacional y consolidadas por el Ministerio de Defensa
Nacional, la reducción de casos de piratería en el período Enero-Junio
de 2008 frente a igual período de 2007 se ubicó 14.94%, al pasar de 328
casos del primer semestre de 2007 a 279 casos del primer semestre de
2008.
Las cifras disponibles
señalan que los departamentos de policía que presentaron las mayores
variaciones absolutas, comparando el período enero-Junio de 2008 con
igual período de 2007, fueron Santander que presentó una reducción de 27
casos que significa un 84% menos (pasar de 32 a 5 casos), Tolima que
tuvo una reducción de 13 casos que se traduce en una baja de 59% (pasar
de 22 a 9 casos), Atlántico con una disminución de 10 casos que
representó una baja de 32% (pasar de 31 a 21 casos) y Cauca con una
reducción de 9 casos que significa un decrecimiento de 75% (pasar de 12
a 3 casos).
Regulación de
Fletes
Los transportadores agremiados en COLFECAR respaldaron la
iniciativa del Ministerio de Transporte de adoptar la “regulación
integral de fletes” para el transporte terrestre de carga. Lo anterior
con expectativa de que la regulación tenga cabal cumplimiento por parte
de todos los integrantes de la cadena productiva, (generadores de carga,
empresas de transporte y propietarios de vehículo).
Es claro que el apoyo en
adicionar a la actual tabla de fletes un porcentaje del 15%, con lo cual
se regula el flete mínimo que podrían pactar las empresas de transporte
y los generadores de la carga, persigue equidad y justicia en las
relaciones económicas en el sector para garantizar su supervivencia y
desarrollo sostenidos, aún así éste tipo de regulaciones no hayan
arrojado en el pasado los resultados previstos.
Para garantizar el
cumplimiento de la norma COLFECAR solicitó al Ministerio de Transporte
la adopción de varias medidas entre las que se encuentran: crear el
Índice de Precios del Transporte de carga IPTC, eliminar la práctica de
venta de planillas y manifiestos de carga, eliminar la contratación
directa de vehículos por parte de usuarios del servicio, controlar la
utilización irregular de vehículos en RENTING, eliminar el ejercicio de
la actividad transportadora por personas no habilitadas para ello,
eliminar excepciones al uso del manifiesto de carga hoy vigentes para el
transporte de carbón, transporte de combustible y materiales de
construcción, congelar la expedición de licencias a nuevas empresas de
transporte y eliminar aquellas que no cumplen la normatividad,
utilización de los recursos derivados de las pólizas de chatarrización
de vehículos en cuantía de 240 mil millones de pesos, para adquirir y
obligar el retiro del mercado de vehículos obsoletos.
Todo lo anteriormente
expuesto se plantea en procura de adoptar medidas pertinentes para
garantizar el cumplimiento de la “regulación integral del flete”.
Expectativas
Los transportadores
agremiados en COLFECAR reiteran las expectativas en relación con la
publicación del IPTC (Índice de Precios al Transportador de Carga), en
aras de generar mejores condiciones para los diferentes actores de la
cadena y como herramienta que contrarreste la competencia desleal, se
continúe además con la consolidación y mejoramiento de infraestructura
vial y portuaria frente a los retos que derivarán del anhelado TLC con
Estados Unidos y se generen políticas integrales en materia de
regulación del parque automotor con sustento en estudios técnicos.
Un aspecto relevante, es
la tendencia de la tasa de cambio durante el primer semestre del año que
ha impactado al sector, por un lado permitiendo que los componentes
importados que utiliza el sector no sufran alzas considerables que a la
postre afecten la evolución de los costos operativos, pero por otro
lado, se evidencia una tasa de cambio reducida que afecta notoriamente
la rentabilidad de los empresarios dedicados a la operación
internacional. En efecto se estima que la revaluación ha generado
pérdidas para el sector cercanas a los $32.198 millones durante el
primer semestre del año.
Además, las esperanzas
se centran en el desarrollo y cumplimiento de los lineamientos del
CONPES 3489 “Política nacional del transporte público automotor de
carga” como soporte para el desarrollo y la competitividad del sector y
del país, destacando temas fundamentales como la ya mencionada
publicación del IPTC, la elaboración de metodologías dinámicas para el
análisis de oferta y demanda de transporte, actualización normativa
sobre especificaciones técnicas y de seguridad en los vehículos de
carga, el diseño e implementación de un programa integral de reposición
vehicular, mejoras del modelo empresarial del servicio público de
transporte terrestre de carga a partir de un estudio que lo evalúe,
reconocimiento y cumplimiento de los derechos laborales y de seguridad
social integral de los conductores, el desarrollo de acuerdos
binacionales en aras de mejorar las condiciones de operación del
transporte internacional y fronterizo, y mejorar las condiciones para el
aseguramiento del sector.
Para COLFECAR es
necesario que se realicen análisis y aportes en escenarios de
concertación por parte de todos los actores de la cadena, con miras a
contribuir a la competitividad nacional y al bienestar de los diferentes
actores de la cadena del transporte.
Respecto a la
percepción de los transportadores agremiados frente al futuro, se tiene
que un 60% de los encuestados opina que para los próximos 3 meses la
situación que afrontará el sector será mejor, el 27% cree que la
situación será igual y el 13% considera que el futuro será peor.
Estos resultados son importantes frente a
la merma del comportamiento del sector y las expectativas sobre las
condiciones que podrá enfrentar el sector en materia de regulación y el
cumplimiento de los lineamientos establecidos en el CONPES 3489, que se
espera estén acompañados de una mejor dinámica en términos de
movilización y facturación en la segunda mitad del año.
Ligero alivio en
precio del ACPM
Para el mes de julio, nuevamente el Ministerio de Minas y
Energía aumentó los precios de referencia de la gasolina corriente,
biogasolina (Gasolina Oxigena), ACPM y mezclas del anterior con el
biodiesel, acorde con la política de desmonte gradual de subsidios y al
alza que siguen presentando el petróleo y sus derivados en el mercado
internacional, con un precio promedio del barril de petróleo de 133
dólares.
Cabe señalar que en esta
oportunidad la cartera de Minas y Energía incrementó en $125 la gasolina
corriente y la biogasolina mientras que el ACPM tuvo un incremento de 80
pesos. Lo anterior, con el fin de privilegiar al transporte público y
mejorar la utilización de los subsidios a los combustibles.
De igual forma se
continua con la distribución de la mezcla del ACPM con el biodiesel en
la Costa Atlántica, en una proporción 95 por ciento de diesel y 5 por
ciento de biodiesel, tal es así que el precio de referencia de la
referida mezcla para las ciudades capitales de dicha región tendrá un
aumento similar a las del resto del país.
El alza para el presente
mes representa un incremento de 1.34 por ciento en el precio respecto al
mes anterior; el alza de 80 pesos representa para lo corrido del año un
acumulado de 554.30 pesos, que significa a su vez un incremento en el
precio de 10.08 por ciento.
Para 2007, el ACPM
presentaba un acumulado de 7.35 por ciento en el precio de referencia a
esa altura del año, de forma que al comparar con el mes de julio de
2008, se observa mayor impacto para esta oportunidad.
Lo anterior conlleva a que el renglón de combustibles
presente una incidencia de 3.14 por ciento sobre el total de los costos
y tenga un peso dentro de la estructura de 32.31 por ciento.
Además, al comparar el precio de referencia del ACPM con
el de la Gasolina, es posible observar que la relación de precios (que
indica la paridad entre los precios de los combustibles) presenta una
merma en su comportamiento creciente, ya que por efecto del alza más
leve en el precio del ACPM la relación se ubica en 0.837, cuando en el
mes anterior la misma relación fue de 0.840.
Es importante señalar
que, pese a la merma señalada, no se puede desconocer el crecimiento de
la relación de precios, destacando que en julio de 2007 la relación era
de 0.827.
Para las zonas que
se relacionan a continuación y tomando solo como referencia los precios
aplicables a la libertad regulada, se tendrían los siguientes precios
para junio:Ciudad
($ / Gal.)
Bogotá 5.974,21
Cartagena 5.729,63
Barranquilla 5.855,16
Bucaramanga 5.877,25
Medellín 6.012,90
Cali 6.083,01
Pereira 6.047,95
Manizales 6.049,95
Armenia 6.107,45
Neiva 6.076,75
Cúcuta 5.096,53
Ferrocarril del Oeste comenzará operaciones en tres meses
Para finales de septiembre quedo
programado el inicio de operaciones del Ferrocarril del Oeste, luego de
que la semana anterior se firmara el contrato de cesión de este proyecto
con el aval del gobierno nacional.
En la nueva
operación llama la
atención
el ingreso de nuevos actores a la Sociedad Ferrocarril del Oeste. Se
trata de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura Sprbun, y con la
cual se avanza en un proceso de negociación.
Por lo pronto la culminación de las obras
del tren del Pacifico, que unirá a Buenaventura y la Felisa en Caldas a
través de 500 kilómetros de línea férrea, quedó en manos del grupo
Ferrocarril del Oeste, conformado por industriales del Valle del Cauca y
Antioquia, que negoció la cesión del contrato de concesión con el
operador, Tren del Occidente, que se declaró en crisis financiera.
Según el concesionario Tren del Pacífico
las pérdidas mensuales ascienden a 700 millones de pesos.
De hecho, en los primeros cuatro meses de
este año el concesionario Tren de Occidente movilizó 20.000 toneladas de
carga, cifra considerada como mínima frente a lo que había transportado
en años anteriores para igual período.
Sin
embargo, estas cifras no amilanan a los nuevos dueños que consideran que
con las obras de mejoramiento que harán, tanto en equipos como en la red
férrea, podrán mover 300.000 toneladas en el primer año, duplicarlas en
el 2010 y para 2011 estar en 1,2 millones de toneladas.
El contrato de la rehabilitación y
mantenimiento de la red férrea del Pacífico se firmó en 1996 por un
periodo de 30 años, por un valor de 140 millones de dólares.
Luego de la cesión del proyecto
Ferrocarril de Oeste se comprometió a invertir en el corto plazo 12.000
millones de pesos en la repotenciación de un grupo de locomotoras y la
rehabilitación del tramo de Yumbo Cerrito.
De esta forma, y tras el acuerdo logrado
ahora se iniciará una etapa de reparación de los equipos que requieren
de mantenimiento para lograr a partir de septiembre una operación más
constante.
Estos trabajos contemplan la habilitación
de cuatro locomotoras y 40 equipos rodantes, entre vagones góndolas y
plataformas.
Así mismo, se avanzará en el mejoramiento
de apartaderos férreos en sitios de cargue y descargue de mercancías.
El mantenimiento de la red férrea incluye
la reparación de algunos tramos como Yumbo La Cumbre y otros sectores
entre Buga y Buenaventura.
El nuevo concesionario operará el trayecto
ya terminado entre Buenaventura y la Tebaida con un ramal a Zarzal y
cuya extensión es de 388 kilómetros.
Así mismo, deberá construir 119 kilómetros
entre Cartago y la Feliza.
|