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Alerta transportadora por proyecto que impulsa reposición del parque automotor

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera COLFECAR, reiteró su preocupación frente a la intención de revivir en el Congreso de la República el proyecto de Ley por medio del cual se establece el sistema de ahorro obligatorio para la reposición de los equipos de servicio público de transporte terrestre automotor de carga.

La iniciativa, que se hundió en la anterior legislatura, como consecuencia de los reparos hechos por  varios sectores, entre ellos COLFECAR, sería presentada de nuevo por el ejecutivo en las sesiones que comienzan el 20 de julio.

En carta enviada a los senadores, Carlos Ferro Solanilla e Iván Moreno Rojas, ponentes coordinadores de la iniciativa en la Comisión Sexta, COLFECAR indica que tras analizar el pliego de modificaciones introducido al proyecto de Ley No. 247-08 de la Cámara y 248 -08 del Senado, presentado por el Ministerio de Transporte, se mantienen varios puntos que van en contra de los intereses del gremio transportador tal y como lo ha señalado COLFECAR en diferentes oportunidades.

Por tal razón el gremio le pidió a los congresistas generar espacios de concertación e intercambio de conceptos, mediante audiencias públicas, para enriquecer el debate que conduzca no sólo a la formulación de la Ley sino que responda a las reales necesidades del sector, en beneficio del la competitividad del país.

Las observaciones de COLFECAR se relacionan con los artículos que hacen referencia a la obligatoriedad de los aportes, obligación de las empresas de transporte y régimen especial de transición.

Los transportadores indican que en caso de que el proyecto avanzara hasta convertirse en Ley de la República debería ser de libre aplicación y no obligatorio como se pretende.

Costos operativos

A juicio de los transportadores el artículo 12, que hace referencia a la obligatoriedad de los aportes, tendrá severos impactos en la liquidez del sector, en el precio de los vehículos y en los costos operativos vehiculares.

Al hacer sus reparos en torno a la propuesta el gremio señala que es improbable que la población camionera del país esté en condiciones de sobrellevar la carga obligatoria de los aportes, debido al impacto que ello ocasiona en la economía de los propietarios de los vehículos y de las empresas de transporte de carga.

Y es que según los datos disponibles el 8 por ciento de la población camionera corresponde al estrato 1, el 39.7 por ciento al estrato 2 y el 44.7 por ciento al estrato 3.

A su vez, los ingresos del 50,9 por ciento de la población camionera oscilan entre 1.300.000 pesos y 3.100.000 pesos mensuales,  el 11,2 por ciento tiene ingresos entre los 3.400.000 pesos y los 4.000.000 pesos mensuales. Un 27 por ciento tiene ingresos inferiores a 1.300.000 pesos mensuales.

Para COLFECAR estas cifras demuestran las limitaciones económicas de los transportadores como para poder correr con un ahorro obligatorio.

Al oponerse a la norma los transportadores sostienen que buena parte de sus ingresos la dedican al mantenimiento del vehículo, que mensualmente les generan gastos cercanos a los 23 millones de pesos.

En segundo están los gastos del hogar, entre los que se incluyen servicios públicos, alimentación, educación, vestuario, deudas, telecomunicaciones y seguro de salud.

Entre las prioridades de gastos de los camioneros no aparecen con prioridad otros rubros de la seguridad social como, pensiones y riesgos profesionales. De hecho, está demostrado que sólo cerca del 39 por ciento de los camioneros están afiliados al sistema de seguridad social integral.

Incumplimiento legal

En concordancia con lo anterior, para COLFECAR enfrentar toda la población camionera a la obligatoriedad del aporte simplemente equivaldría a generar nuevas oportunidades de incumplimiento frente a la Ley, tal como hoy ocurre con muchas normas vigentes.

Los transportadores sostienen que en caso de que el proyecto llegara a prosperar su situación económica se complicaría significativamente.

Por ejemplo, para el propietario de un vehículo, el ahorro obligatorio, suponiendo una meta del 30 por ciento del valor del equipo para el modelo 1986 (promedio de vehículos de carga en el mercado), representaría una cuota mensual aproximada de 1.443.702 pesos, es decir un 6.43 por ciento adicional al actual costo operativo mensual tal y como se muestra en el cuadro 2.

“No debe olvidarse que nuestras empresas son financiadoras de la operación al cliente y recaudan cartera, generalmente a 30 días posteriores a la entrega del servicio a satisfacción, lo que ocasiona que cerca del 60 por ciento del activo sea capital de trabajo en cuyas condiciones, el congelamiento de los recursos del ahorro representaría un golpe contundente a las condiciones de liquidez” asevera el gremio.

La situación de las empresas frente al artículo propuesto se explica en el cuadro 3 para una pequeña empresa con 10 vehículos, una mediana con 50 vehículos  y una grande con 100 vehículos.

Impacto en precios

Otro de los reparos que hacen los transportadores frente al proyecto es que la composición del ahorro obligatorio significaría una distorsión  de los precios  en el mercado real  de los usados, ya que el vehículo usado tendría mayor precio por el lastre financiero que acarrea la congelación de recursos.

Según el análisis de COLFECAR en el primer año la diferencia sería de 3 millones de pesos entre el precio del vehículo con ahorro y el precio del vehículo sin ahorro, pero para el año 20, la diferencia entre un precio y otro sería de 61.8 millones de pesos.

“Lo anterior explica que a mayor tiempo de ahorro el precio del tracto camión usado aumentaría por los recursos congelados. Esto significa que la diferencia de precios empezaría con un 1.5 por ciento en el primer año y en el año 20 el porcentaje adicional sería de 210 por ciento, lo que demuestra la inconveniencia de la propuesta” dice COLFECAR. 

Un estudio del gremio transportador permitió establecer que la situación sería más grave si el plazo se llegara a alargar a 25 o más años.

Así las cosas, COLFECAR considera que si se tienen en cuenta las condiciones económicas de los pequeños propietarios, en caso de que quisieran reponer el camión bajo la vigencia de la norma propuesta, deberían acceder a vehículos “de segunda” o usados con precios más altos.

“Esto genera mayor impacto sobre la masa camionera que debe pagar al contado lo que el anterior propietario hizo al crédito y cargar con un lastre financiero como consecuencia de la medida” sostiene el gremio transportador.

Impacto nocivo

En su análisis COLFECAR sostiene que las condiciones generadas por la obligatoriedad del ahorro afectaría negativamente el costo de operación del transportador, puesto que  adquiriría un compromiso fijo adicional que debe ser solventado con los recursos que se perciban directamente en desarrollo de la actividad.

Así las cosas, los transportadores sostienen que el ahorro obligatorio mensual que debería realizar un vehículo representativo tipo tracto-camión (C3S) modelo 1.986, el cual tendría que ser retirado en 2012, bajo una VUR (Vida Util Reglamentaria), es decir 20 años, sería de 1.443.702 pesos durante 4 años (tiempo de ahorro disponible de acuerdo a la VUR).

Con un costo de operación promedio mensual de 22.46 millones de pesos para un tracto-camión, se puede calcular que con un ahorro obligatorio mensual de 1.443.702 pesos la misma estructura de costos sufriría un incremento de 6.43 por ciento.

En consecuencia e incremento que generaría el ahorro obligatorio sobre los costos se trasladaría en el costo total de operación por tonelada-ruta (para un vehículo tipo tracto-camión con capacidad de 30 toneladas) para el transportador, siendo dicho aumento de 7.923 pesos por tonelada en promedio para las distintas rutas, lo que significa un alza porcentual de 10.23 por ciento.

Para los transportadores esta situación generaría un impacto nocivo sobre los costos y los fletes del sector ya que llevaría a un ajuste de las tarifas del servicio.

En el cuadro 8, se ilustran tres rutas de importancia para el sector, que indica el desfase entre costos y tarifas, y que adicionalmente muestra el efecto del ahorro sobre el costo de operación y la evidente diferencia entre el flete y el nuevo costo operativo.

Frente a lo anterior COLFECAR señala que el efecto sería aún más fuerte si el sistema de ahorro persiguiera cubrir más del 30 por ciento del valor del vehículo.

Obligación y transición

Otro aspecto con el cual no está de acuerdo COLFECAR es la intención de asignar responsabilidades a las empresas de transporte de verificar la afiliación de los vehículos al sistema y garantizar que ellos se encuentren a paz y salvo con los fondos.

Para el gremio dicha actividad es ajena a las funciones propias que por ley corresponde a las empresas de transporte y, más propia de los organismos de control del Estado.

En consecuencia, el gremio considera que las sanciones dispuestas, consistentes en la suspensión de la habilitación hasta por 3 meses son exorbitantes como quiera que el sancionado debería ser el propietario de vehículos obligado por ley a aportar y no la empresa de transporte a menos que ocurra con sus vehículos propios.

De igual manera, el gremio transportador no ve con buenos ojos el régimen de transición planteado en cada uno de los escenarios de Vida Útil Reglamentaria (VUR).

Según el proyecto si la medida entrara en vigencia en 2009 había un régimen de transición para que en 2015 todos los vehículos de servicio público de transporte terrestre de carga que hayan agotado su VUR sean retirados, cancelen su licencia de tránsito y sean sometidos al proceso de desintegración física.

Frente a esta situación COLFECAR plantea tres escenarios posibles.

En el escenario 1 (VUR de 20 años) se observa que para 2010 habrá salido el 43 por ciento del parque automotor existente, que representa 49.113 vehículos de los 114.248, y para 2014, cuando termina el régimen de transición, se habrá retirado un porcentaje acumulado del 66 por ciento del parque existente, representado en 75.615 vehículos de los 114.248.

En el escenario 2 (VUR de 25 años) el 29 por ciento del parque de servicio público existente, es decir 33.187 vehículos, tendrá que ser retirado en 2010, y en 2014 al terminar el período de transición se habrá retirado un porcentaje acumulado del 53 por ciento o sea, 60.208 camiones.

Por último, en el escenario 3 (VUR de 30 años) sería retirado el 22 por ciento del parque automotor existente, que significa  25.038 vehículos y al finalizar el régimen de transición se habrá retirado un porcentaje acumulado del 48 por ciento, es decir 54.410 automotores.

“Lo anterior evidencia la real afectación del sector, ya que en cualquiera de los escenarios al menos la tercera parte del parque será retirado en el primer año y la mitad ya saldría al finalizar el régimen de transición” afirma COLFECAR.

Sostiene que de esta manera, cada vehículo de las distintas configuraciones (C2, C3, C2S, C3S), tendría una carga financiera mayor en la medida que posee menor tiempo de ahorro. 

Bajo los supuestos establecidos con un crecimiento en el precio de los vehículos a razón de la inflación y que el ahorro debe cubrir el 30 por ciento del precio del vehículo nuevo, es posible observar que el ahorro (bajo una rentabilidad mínima igual a la DTF), para los camiones de mayor edad llevará a un pago más alto frente a los camiones que saldrán posteriormente.

Por ejemplo, el propietario de un vehículo C3S o tractocamión que debe reponer en 2010 (de acuerdo a la VUR que se establezca), tendría 2 años de plazo para el ahorro obligatorio que sería una cifra estimada de 34.693.889 pesos, lo que se traduce mensualmente en 2.891.957 pesos.

En el caso del propietario que debe reponer en 2014 un tractocamión, el plazo de ahorro es de 6 años, es decir que debería ahorrar 11.500.648 pesos por cada año, o sea mensualmente 958.387 pesos para reponer su vehículo por uno nuevo de la misma configuración.

COLFECAR indica que si por el contrario el dueño de un camión tuviera 20 años disponibles para su ahorro, tendría que ahorrar por año un estimado de 3.093.839 pesos que se traduce en un ahorro mensual durante dicho tiempo de 257.820 pesos.

 

Se agravan condiciones  para matrícula de vehículos

El Ministerio del Transporte decidió endurecer las condiciones para la matrícula de vehículos nuevos de carga por carretera.

En efecto, a través del Decreto 2450 del 4 de julio del presente año la cartera de Transporte decidió modificar los artículos 1, 6, 7 y 8 del Decreto 2085, expedido el 11 de junio de 2008, a través del cual se reglamentaba el ingreso de vehículos al servicio particular y público de transporte terrestre automotor de carga y se establecían los montos de las cauciones que deberán cancelar para tal fin.

Así las cosas, a través del nuevo Decreto se adoptan las medidas para el ingreso de vehículos con capacidad superior a 3 toneladas, mediante los mecanismos de reposición por desintegración física total o caución.

La medida determina que el registro inicial de vehículos de transporte de carga por carretera se otorgará cuando el solicitante constituya una caución consistente en garantía bancaria o póliza de seguros a favor del Ministerio de Transporte.

Con esta decisión se busca garantizar el cumplimiento del proceso de desintegración del vehículo viejo, el cual  deberá cumplirse en un término no superior a 3 meses.

Dicha caución deberá presentarse ante el Ministerio de Transporte, quien expedirá una certificación con destino a los organismos de tránsito, en la que conste su aprobación, para dar lugar al registro de los nuevos vehículos.

Nuevos montos

De igual forma, el Gobierno decidió modificar los montos de la caución establecida con el anterior Decreto.

De esta manera el monto a cancelar para vehículos articulados tracto-camión será de 70 millones de pesos.

En el caso de vehículos rígidos doble troque de tres o cuatro ejes y minimulas, la caución será de 50 millones de pesos y para vehículos rígidos de dos ejes con capacidad de carga superior a seis toneladas el monto es de 35 millones de pesos.

Para vehículos rígidos de dos ejes con capacidad de carga superior a cuatro y hasta seis toneladas la caución se fijó en 15 millones de pesos mientras que para automotores rígidos de dos ejes con capacidad de carga superior a 3 ejes y hasta 4 toneladas el monto es de 10 millones de pesos.

En el anterior Decreto se había fijado en 60 millones de pesos el monto de las cauciones para un tractocamión, en 40 millones de pesos para un vehículo tipo dobletroque y en 20 millones de pesos para un camión sencillo.

Reajuste anual

El Gobierno también determinó que el monto de la caución será reajustado anualmente a partir del 1 de julio de 2009 en un porcentaje igual al determinado para el Indice de Precios al Consumidor IPC.

La medida contempla que vencido el término de la caución sin que se haya realizado el proceso de desintegración, el Ministerio de Transporte, declarará la ocurrencia del siniestro y hará exigible la caución. En este evento se exonerará al adquiriente de la obligación desintegrar.

Señala el Gobierno que si dentro del término de 3 meses el adquiriente efectúa la desintegración del vehículo, conforme a las equivalencias establecidas en los montos ya mencionados, la caución será devuelta al otorgante dentro de los 15 días siguientes a partir del día en que dicho acto se acredite ante el Ministerio de Transporte, mediante el certificado expedido por una entidad desintegradora debidamente autorizada y la cancelación de la licencia de tránsito.

Finalmente, el ejecutivo determinó que los recursos recibidos por concepto de las cauciones que sean exigibles se destinarán a la adquisición de vehículos de transporte de carga por carretera, para ser desintegrados totalmente, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y las demás normas que regulan la materia.

Política integral

 Ante la nueva decisión los transportadores le solicitaron al titular de esta cartera, Andrés Uriel Gallego, aclarar la política de chatarrización para determinar si en el país hay sobreoferta de vehículos o si solamente se quiere cambiar automotores viejos por nuevos.

Al respecto COLFECAR le pidió al Ministro los estudios técnicos que respaldan la adopción de dicha medida y dijo que la misma en lugar de solucionar el problema lo que hace es complicarlo.

A juicio de los transportadores la falta de claridad en torno al tema deja sin peso los cuatro decretos que han sido adoptados hasta la fecha (decreto 10500/03, 3525/05, 2868/06 y 2085/08), para desarrollar una verdadera política de reposición del parque ni a su disminución ya que su único objetivo es de carácter impositivo.

COLFECAR sostiene que dichas medidas lo que buscan es obligar a los transportadores a un imposible (chatarrizar un vehículo como condición para la matrícula de otro) o pagar un impuesto en defecto de la chatarrización.

Para los directivos de COLFECAR no es sano estar cambiando permanentemente las reglas para la matrícula de vehículos por lo que pidió la adopción de una medida integral que le de tranquilidad a transportadores y empresarios. 

La adopción de una política integral ha sido planteada en reiteradas oportunidades por COLFECAR, que desde hace varios años viene hablando de la necesidad de impulsar un documento CONPES para el sector, con el fin de evitar generar incertidumbre en casos como el de la chatarrización.

En ese sentido COLFECAR considera que el Estado debería utilizar  los cerca de 220 mil millones  de pesos, que ha recaudado por efectos del pago de dichas pólizas de cumplimiento, para impulsar la disminución del parque autormor.

Indica el gremio que estos dineros se podrían fortalecer con los recursos que obtienen el ejecutivo del superavit del desmonte del subsidio a los combustibles.

 

Transporte de carga por carretera se  resintió en primer semestre de 2008

El primer semestre de 2008 representó para el transporte de carga por carretera un leve descenso en su comportamiento.

En efecto, respecto a la movilización de carga se presentó una disminución de 1.71% en el período Enero-Junio de 2008 al ser comparado con el mismo período de 2007, lo que significó pasar de 62.63 millones de toneladas a 61.56 millones de toneladas.

La dinámica exhibida representó una facturación en el período enero-junio de 2008 de $3.76 billones. Dicha facturación se tradujo en una variación de -5.52% frente a la facturación de igual período de 2007, $3.98 billones.

El comportamiento exhibido por la facturación encuentra fundamento en el deterioro de los fletes y a la reducción en el tonelaje movilizado, que de acuerdo a los empresarios, se debe a las prácticas predatorias del flete, a la informalidad en la prestación del servicio y a la introducción de formas de intermediación aunadas a la utilización irregular de vehículos mediante la figura del “renting”.

 Al comparar los resultados de la primera mitad de 2008 con los obtenidos en la segunda mitad de 2007 (julio-diciembre) se observa que en materia de movilización se presentó un decrecimiento de 10.29%, ya que se pasó de 68.62 millones de toneladas del período Julio-Diciembre de 2007 a 61.56 millones de toneladas del período Enero-Junio de 2008.

Respecto a la facturación, al comparar la segunda mitad de 2007 con la primera de 2008 se obtiene una disminución de 14.01%, al pasar de $4.37 billones de Julio-Diciembre de 2007 a $3.76 billones de Enero-junio de 2008.

La dinámica expuesta encuentra soporte en el fenómeno de estacionalidad, que se alimenta por los mayores volúmenes de carga manejados en la segunda mitad del año.

 Es claro que para la primera mitad de 2008 se sigue evidenciando un deterioro en los fletes, además los empresarios señalan problemas de liquidez por los pagos de sus clientes, afectando así su operación. Sin embargo, las expectativas se centran en mejores condiciones para la segunda parte del año tanto en movilización como en términos de facturación.

Costos operativos

Los primeros seis meses de 2008 significaron para la canasta de costos operativos un incremento de 5.42%, situación preocupante para el sector por los efectos que genera el alza de los costos de operación sobre su rentabilidad.

Es claro que la mayor incidencia sobre el crecimiento de los costos de operación está dada por el comportamiento del precio del ACPM, el IPT (Índice de Precios al Transportador) se ha visto afectado por el crecimiento acumulado de 8.62% a Junio de 2008 del precio del ACPM y que consecuentemente ha derivado en una participación de 32.05% del rubro de “combustibles” sobre la estructura de costos.

La dinámica del sector en el primer semestre en la movilización, que presentó un decrecimiento de 1.71%, frente al incremento del IPT, de 5.42%, permite pensar que de haberse reconocido el alza de los costos operativos en el precio del servicio la variación mínima de la facturación del sector debería haberse ubicado en 3.6%.

Sin embargo, la variación efectiva de la facturación fue -5.52%, que es menor que la tasa esperada en 9.1%, evidenciando de esta forma cómo los costos crecen en detrimento de la rentabilidad y la situación se hace más crítica ante la disminución efectiva del flete.

 Por otro lado, si se compara el comportamiento de los costos operativos (IPT – Índice de Precios al Transportador) con el IPP (Índice de Precios al Productor), se observa un porcentaje mayor de 5.42% del IPT frente al 5.26% del IPP para el período Enero-Junio.

 Cabe destacar que además del rubro de combustibles, existen otros rubros que afectaron el comportamiento de los costos, como el renglón de mantenimiento y reparación que presentó un incremento de 1.92% y dentro de la estructura tuvo un peso de 12.41% o el renglón de salarios, prestaciones y comisiones que se incrementó en 6.41% y tuvo una participación de 10.69%.

El ACPM frente a los costos del sector

Las constantes alzas del precio del ACPM han impactado de forma notable la evolución del IPT, ya que el rubro de combustibles para el mes de Junio presentó un peso de 32.05% en la estructura de costos y es claro que éste protagonismo ha sido alimentado por el alza acumulada en el precio de 8.62% ($474.30) durante los primeros seis meses de 2008.

Es importante señalar que para 2007, el ACPM presentaba un incremento acumulado de 6.80% en el precio de referencia, mientras que para 2008, el incremento acumulado a Junio fue el ya mencionado de 8.62%.

 Además, al observar la relación de precios ACPM/Gasolina se puede afirmar el fuerte impacto sobre el precio del ACPM, ya que dicha relación se ubicó en Junio en 0.840, siendo el precio del ACPM  de $5.974.21 y el de la Gasolina de $7.111.45.

En Junio de  2007, la relación de precios se ubicaba en 0.824 (ACPM = $5.207.25 y Gasolina = $6.316.58), mucho más baja que la registrada en Junio del presente año, y la tendencia de la relación se ha hecho más pronunciada por las fuertes alzas del ACPM, ya que mientras el ACPM se incrementó a Junio de 2008 en 8.62% la gasolina tan sólo lo hizo en 7.18%.

 Propuestas ante las alzas del ACPM

Ante los sucesivos y fuertes incrementos, COLFECAR planteó algunas propuestas para mitigar de alguna manera los efectos sobre el precio del ACPM y consecuentemente sobre los costos de operación. Destacando el peso de la carga impositiva sobre el precio de referencia del ACPM de 22.5% para el caso del ACPM, equivalente a 1.345,35 por galón, se plantean una serie de modificaciones en aras de reducir los impactos de la política de desmonte gradual de subsidios.

La sugerencia de COLFECAR se dirigió a modificar los siguientes cálculos:

1. Impuesto a las ventas: Por un lado se propuso disminuir el IVA a 10% que se calcula sobre el Ingreso al Productor (actualmente de 16%). Dicha disminución equivale a una baja de $205,90 en el precio del galón, lo que a su vez reduciría la participación del IVA actual, del 9.6% en el precio de referencia a 6.4%, lo que significa disminuir su peso impositivo al 19.8%, cuando actualmente es del 22.5%.

Se consideró también congelar el incremento periódico de la base en el gravamen del IVA, ya que éste evoluciona a medida que se incrementa el ingreso al productor mes a mes.

En su lugar el cálculo debería efectuarse de manera similar al impuesto global a los combustibles anualmente, según la meta de inflación definida por el Banco de la República. Ésta propuesta se traduce en disminución del $92.85 en el precio del galón al finalizar el año, de acuerdo a las proyecciones realizadas por COLFECAR.

2. Impuesto Global al combustible: El impuesto global a los combustibles establecido mediante Ley 681 de 2001 tiene como destino el Tesoro Nacional para transferencias a las entidades territoriales, representa $467,37 por galón, con una participación del 7.8% en el precio de referencia. COLFECAR consideró que éste impuesto debía eliminarse, toda vez que existe un paralelismo entre el mismo y las sobretasa a los combustibles para el caso del ACPM, ésta última del 6%.

3. Sobretasa al ACPM: La actual sobretasa equivalente al 6% del galón viene siendo calculada sobre el precio de referencia antes de la formación de precio de venta al público y hoy representa $301,48 del valor del galón.

La solicitud se dirigió a calcular dicha sobretasa, sobre el ingreso al productor, lo cual implicaría una disminución de $79,21, equivalente al 1,20% del precio final del producto. Así mismo, se consideró conveniente congelar la sobretasa en lo que resta del año y hacia el futuro, incrementarla una sola vez al año con base en la meta de inflación definida por el Banco de la República, lo que implicaría a su vez una reducción de $17,76 de acuerdo a las proyecciones realizadas por COLFECAR.

El efecto de ésta decisión reduciría entonces el precio del galón en $96.88, equivalente a 1.48% del precio del producto.

Además, se propuso congelar el precio, como sucedió el año anterior apelando al Fondo de Estabilización para los Combustibles, el cual dispone de recursos cercanos a los US$170 millones.

De esta forma, se plantearon algunas propuestas en aras de generar escenarios que puedan favorecer al sector transportador de carga por carretera y a la misma economía nacional.

Sin embargo, cabe señalar que para el mes de julio el Ministerio de Minas decidió ayudar al servicio público de transporte y utilizar de mejor manera los denominados “subsidios a los combustibles”, de forma que luego de haberse dado un incremento de $100 en el precio del ACPM para el mes de Junio, destacando que se esperaban alzas de éste calibre para los meses siguientes, el ACPM sufrió un incremento de $80 en Julio frente a un alza de $125 para la Gasolina en el mismo mes.

El incremento de $80 en el precio significó sumar un incremento acumulado de 10.08% en el precio, equivalente a $554.30.

Es claro que la decisión ha favorecido con un menor impacto el incremento del precio y revierte de cierta forma la tendencia creciente que trae la relación de precios ACPM/Gasolina, que ya se ubicaba en Junio de 2008 en 0.840 y con el alza efectiva de Julio la misma relación se ubica en 0.837.

Seguridad

En materia de seguridad se observan notables mejoras, de acuerdo a las estadísticas disponibles de la Policía Nacional y consolidadas por el Ministerio de Defensa Nacional, la reducción de casos de piratería en el período Enero-Junio de 2008 frente a igual período de 2007 se ubicó 14.94%, al pasar de 328 casos del primer semestre de 2007 a 279 casos del primer semestre de 2008.

Las cifras disponibles señalan que los departamentos de policía que presentaron las mayores variaciones absolutas, comparando el período enero-Junio de 2008 con igual período de 2007, fueron Santander que presentó una reducción de 27 casos que significa un 84% menos (pasar de 32 a 5 casos), Tolima que tuvo una reducción de 13 casos que se traduce en una baja de 59% (pasar de 22 a 9 casos), Atlántico con una disminución de 10 casos que representó una baja de 32% (pasar de 31 a 21 casos) y Cauca con una reducción de 9 casos que significa un decrecimiento de 75% (pasar de 12 a 3 casos).

Regulación de Fletes

Los transportadores agremiados en COLFECAR respaldaron la iniciativa del Ministerio de Transporte de adoptar la “regulación integral de fletes” para el transporte terrestre de carga. Lo anterior con expectativa de que la regulación tenga cabal cumplimiento por parte de todos los integrantes de la cadena productiva, (generadores de carga, empresas de transporte y propietarios de vehículo).

Es claro que el apoyo en adicionar a la actual tabla de fletes un porcentaje del 15%, con lo cual se regula el flete mínimo que podrían pactar las empresas de transporte y los generadores de la carga, persigue equidad y justicia en las relaciones económicas en el sector para garantizar su supervivencia y desarrollo sostenidos, aún así éste tipo de regulaciones no hayan arrojado en el pasado los resultados previstos.

Para garantizar el cumplimiento de la norma COLFECAR solicitó al Ministerio de Transporte la adopción de varias medidas entre las que se encuentran: crear el Índice de Precios del Transporte de carga IPTC, eliminar la práctica de venta de planillas y manifiestos de carga, eliminar la contratación directa de vehículos por parte de usuarios del servicio, controlar la utilización irregular de vehículos en RENTING, eliminar el ejercicio de la actividad transportadora por personas no habilitadas para ello, eliminar excepciones al uso del manifiesto de carga hoy vigentes para el transporte de carbón, transporte de combustible y materiales de construcción, congelar la expedición de licencias a nuevas empresas de transporte y eliminar aquellas que no cumplen la normatividad, utilización de los recursos derivados de las pólizas de chatarrización de vehículos en cuantía de 240 mil millones de pesos, para adquirir y obligar el retiro del mercado de vehículos obsoletos.

Todo lo anteriormente expuesto se plantea en procura de adoptar medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la “regulación integral del flete”.

Expectativas

Los transportadores agremiados en COLFECAR reiteran las expectativas en relación con la publicación del IPTC (Índice de Precios al Transportador de Carga), en aras de generar mejores condiciones para los diferentes actores de la cadena y como herramienta que contrarreste la competencia desleal, se continúe además con la consolidación y mejoramiento de infraestructura vial y portuaria frente a los retos que derivarán del anhelado TLC con Estados Unidos y se generen políticas integrales en materia de regulación del parque automotor con sustento en estudios técnicos.

Un aspecto relevante, es la tendencia de la tasa de cambio durante el primer semestre del año que ha impactado al sector, por un lado permitiendo que los componentes importados que utiliza el sector no sufran alzas considerables que a la postre afecten la evolución de los costos operativos, pero por otro lado, se evidencia una tasa de cambio reducida que afecta notoriamente la rentabilidad de los empresarios dedicados a la operación internacional. En efecto se estima que la revaluación ha generado pérdidas para el sector cercanas a los $32.198 millones durante el primer semestre del año.

Además, las esperanzas se centran en el desarrollo y cumplimiento de los lineamientos del CONPES 3489 “Política nacional del transporte público automotor de carga” como soporte para el desarrollo y la competitividad del sector y del país, destacando temas fundamentales como la ya mencionada publicación del IPTC, la elaboración de metodologías dinámicas para el análisis de oferta y demanda de transporte, actualización normativa sobre especificaciones técnicas y de seguridad en los vehículos de carga, el diseño e implementación de un programa integral de reposición vehicular, mejoras del modelo empresarial del servicio público de transporte terrestre de carga a partir de un estudio que lo evalúe, reconocimiento y cumplimiento de los derechos laborales y de seguridad social integral de los conductores, el desarrollo de acuerdos binacionales en aras de mejorar las condiciones de operación del transporte internacional y fronterizo, y mejorar las condiciones para el aseguramiento del sector.

Para COLFECAR  es necesario que se realicen análisis y aportes en escenarios de concertación por parte de todos los actores de la cadena, con miras a contribuir a la competitividad nacional y al bienestar de los diferentes actores de la cadena del transporte.

 Respecto a la percepción de los transportadores agremiados frente al futuro, se tiene que un 60% de los encuestados opina que para los próximos 3 meses la situación que afrontará el sector será mejor, el 27% cree que la situación será igual y el 13% considera que el futuro será peor.

Estos resultados son importantes frente a la merma del comportamiento del sector  y las expectativas sobre las condiciones que podrá enfrentar el sector en materia de regulación y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el CONPES 3489, que se espera estén acompañados de una mejor dinámica en términos de movilización y facturación en la segunda mitad del año.

Ligero alivio en precio del ACPM

Para el mes de julio, nuevamente el Ministerio de Minas y Energía aumentó los precios de referencia de la gasolina corriente, biogasolina (Gasolina Oxigena), ACPM y mezclas del anterior con el biodiesel, acorde con la política de desmonte gradual de subsidios y al alza que siguen presentando el petróleo y sus derivados en el mercado internacional, con un precio promedio del barril de petróleo de 133 dólares.

Cabe señalar que en esta oportunidad la cartera de Minas y Energía incrementó en $125 la gasolina corriente y la biogasolina mientras que el ACPM tuvo un incremento de 80 pesos. Lo anterior, con el fin de privilegiar al transporte público y mejorar la utilización de los subsidios a los combustibles.

De igual forma se continua con la distribución de la mezcla del ACPM con el biodiesel en la Costa Atlántica, en una proporción 95 por ciento de diesel y 5 por ciento de biodiesel, tal es así que el precio de referencia de la referida mezcla para las ciudades capitales de dicha región tendrá un aumento similar a las del resto del país.

El alza para el presente mes representa un incremento de 1.34 por ciento en el precio respecto al mes anterior; el alza de 80 pesos representa para lo corrido del año un acumulado de 554.30 pesos, que significa a su vez un incremento en el precio de 10.08 por ciento.

Para 2007, el ACPM presentaba un acumulado de 7.35 por ciento en el precio de referencia a esa altura del año, de forma que al comparar con el mes de julio de 2008, se observa mayor impacto para esta oportunidad.

Lo anterior conlleva a que el renglón de combustibles presente una incidencia de 3.14 por ciento sobre el total de los costos y tenga un peso dentro de la estructura de 32.31 por ciento.

Además, al comparar el precio de referencia del ACPM con el de la Gasolina, es posible observar que la relación de precios (que indica la paridad entre los precios de los combustibles) presenta una merma en su comportamiento creciente, ya que por efecto del alza más leve en el precio del ACPM la relación se ubica en 0.837, cuando en el mes anterior la misma relación fue de 0.840.

Es importante señalar que, pese a la merma señalada, no se puede desconocer el crecimiento de la relación de precios, destacando que en julio de 2007 la relación era de 0.827.

Para las zonas que se relacionan a continuación y tomando solo como referencia los precios aplicables a la libertad regulada, se tendrían los siguientes precios para junio:Ciudad                   ($ / Gal.)

Bogotá                       5.974,21

Cartagena                5.729,63

Barranquilla               5.855,16

Bucaramanga          5.877,25

Medellín                     6.012,90

Cali                             6.083,01

Pereira                        6.047,95

Manizales                   6.049,95

Armenia                     6.107,45

Neiva                          6.076,75

Cúcuta                      5.096,53

Ferrocarril del Oeste comenzará operaciones en tres meses

Para finales de septiembre quedo programado el inicio de operaciones del Ferrocarril del Oeste, luego de que la semana anterior se firmara el contrato de cesión de este proyecto con el aval del gobierno nacional.

En la nueva operación llama la atención el ingreso de nuevos actores a la Sociedad Ferrocarril del Oeste. Se trata de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura Sprbun, y con la cual se avanza en un proceso de negociación.

Por lo pronto la culminación de las obras del tren del Pacifico, que unirá a Buenaventura y la Felisa en Caldas a través de 500 kilómetros de línea férrea, quedó en manos del grupo Ferrocarril del Oeste, conformado por industriales del Valle del Cauca y Antioquia, que negoció la cesión del contrato de concesión con el operador, Tren del Occidente, que se declaró en crisis financiera.

Según el concesionario Tren del Pacífico las pérdidas mensuales ascienden a 700 millones de pesos.

De hecho, en los primeros cuatro meses de este año el concesionario Tren de Occidente movilizó 20.000 toneladas de carga, cifra considerada como mínima frente a lo que había transportado en años anteriores para igual período.

Sin embargo, estas cifras no amilanan a los nuevos dueños que consideran que con las obras de mejoramiento que harán, tanto en equipos como en la red férrea, podrán mover 300.000 toneladas en el primer año, duplicarlas en el 2010 y para 2011 estar en 1,2 millones de toneladas.

El contrato de la rehabilitación y mantenimiento de la red férrea del Pacífico se firmó en 1996 por un periodo de 30 años, por un valor de 140 millones de dólares.

Luego de la cesión del proyecto Ferrocarril de Oeste se comprometió a invertir en el corto plazo 12.000 millones de pesos en la repotenciación de un grupo de locomotoras y la rehabilitación del tramo de Yumbo Cerrito.

De esta forma, y tras el acuerdo logrado ahora se iniciará una etapa de reparación de los equipos que requieren de mantenimiento para lograr a partir de septiembre una operación más constante.

Estos trabajos contemplan la habilitación de cuatro locomotoras y 40 equipos rodantes, entre vagones góndolas y plataformas.

Así mismo, se avanzará en el mejoramiento de apartaderos férreos en sitios de cargue y descargue de mercancías.

El mantenimiento de la red férrea incluye la reparación de algunos tramos como Yumbo La Cumbre y otros sectores entre Buga y Buenaventura.

El nuevo concesionario operará el trayecto ya terminado entre Buenaventura y la Tebaida con un ramal  a Zarzal y cuya extensión es de 388 kilómetros.

Así mismo, deberá construir 119 kilómetros entre Cartago y la Feliza.

   

 
 

 

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